Con un poco menos de polvo en el horizonte, la suspensión otorgada por la juez federal Lobo, (expuesta a un linchamiento mediático a mi parecer injusto), muestra de nueva cuenta que como sociedad, creemos estar al nivel de Holanda, cuando nos parecemos más a la Inquisición, (no, ni de chiste es Santa).
La base legal es terriblemente simple. Víctor Daniel Reyes Bravo, el testigo acusador del documental, presentó una queja por el uso de su imagen de manera comercial. Además, expone que dicho uso lo ha puesto como blanco de burlas, reclamos y amenazas en la vía pública.
Ahora, no necesitamos ser genios para saber que si alguien puede ser sometido al escarnio en México, se encontrará en una secundaria de tamaño citadino, donde miles de bullys lo acosaran dónde quiera que esté.
En principio, esta persona tiene derecho a defender su postura, (ya sea por limpiar su imagen, ya sea por dinero), pero LA LEY le da ese derecho. Esta misma Ley, permite que un juez otorgue una suspensión provisional en lo que se determina si en realidad tiene razón o no. La suspensión se notifica a la autoridad competente, Gobernación, a través de la RTC, y SE CUMPLE. Hasta aquí un burdo entramado legal de cómo funciona la situación. ¿La demanda es procedente? ¿Justa? No lo sé. Nadie lo sabe. Solo la juez que verifique el caso, (Blanca Lobo Domínguez), podrá responder de acuerdo al criterio que tenga.
Ahora pregunto: ¿Dónde está la “censura” gubernamental?
Lo pregunto porque mucha gente, (con o sin preparación), han salido a la calle a gritar las más absurdas consignas de “Censura”, “Muerte de la Libertad de Expresión”, y cualquier cantidad de desvaríos desinformados.
La ignorancia ha llegado al punto que Joaquín López-Dóriga comentó en su cuenta de Twitter que “La presión social es mucha, la juez no podrá sostener la suspensión”. Argumento, lamentablemente, muy cercano al de López Obrador en el desafuero. Y como esa, miles de voces más, que sin un solo gramo de análisis, achacan la «Censura», desde el testigo hasta a Calderón. Lo verdaderamente malo del asunto, es que hay actores que están involucrados en instancias de gobierno u organizaciones sociales que salen a declarar la misma salvajada. Entre ellos la CDHDF, el GDF, y hasta el señor Martí.
Triste, pero los mexicanos no sabemos leer, no sabemos escuchar, no sabemos de leyes y tenemos una plantilla de 100,000,000 de opinólogos en las calles.
Para los que dicen que “El interés común está por encima del interés individual”, quiero ver qué pasa cuándo el interés colectivo les dañe en sus tierras. ¡Oh! Ya lo hemos visto. Salen a la calle a joder el libre tránsito, que es Derecho Común.
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